El diputado federal Víctor Pérez Díaz avaló la aprobación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, recientemente votada en la Cámara de Diputados. Aunque la normativa no contempla las penas máximas propuestas por el Partido Acción Nacional, el legislador afirmó que representa una herramienta importante para combatir uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía y al sector productivo.
Un marco legal unificado para el país
La nueva ley fue aprobada por todas las fuerzas políticas como un acto de respaldo al gobierno federal. Su objetivo es establecer un tipo penal único aplicable en las 32 entidades federativas, con el fin de homologar procesos, criterios y sanciones en casos de extorsión. La normativa busca proteger a víctimas, comerciantes, transportistas y empresarios, quienes frecuentemente enfrentan cobro de piso y amenazas.
Sanciones contempladas en el dictamen
El Artículo 15 señala que quien cometa extorsión enfrentará penas de seis a quince años de prisión, además de multas que van de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Con agravantes, la pena máxima puede alcanzar los veinte años.
La homologación implica que las entidades deberán ajustar sus códigos penales. Esto reducirá, en varios estados, los castigos más altos establecidos previamente, que llegaban hasta 30 o 40 años de cárcel.
Posibles efectos en sentencias anteriores
El Artículo Cuarto Transitorio permite aplicar la nueva ley en beneficio de personas ya procesadas. Esto podría abrir la puerta a revisiones de condenas por extorsión agravada y a liberaciones anticipadas en algunos casos.
Víctor Pérez afirmó que la ley debe convertirse en una herramienta real para disminuir el delito. Señaló que, si el gobierno federal y el sistema de justicia no logran reducir la extorsión con este nuevo marco legal, se trataría de un fracaso institucional.
